Ángel Lockward asegura proceso judicial en su contra ha excedido plazos legales y denuncia irregularidades en expediente
El abogado, escritor y político Ángel Lockward ofreció detalles sobre el estado actual del proceso judicial en el que está involucrado, afirmando que el mismo se encuentra en su fase final y que, conforme a la legislación vigente, la acción penal ya se habría extinguido por el vencimiento del plazo máximo establecido por la ley.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, donde Lockward explicó que el caso se encuentra en etapa de réplica de las defensas, previo a quedar en estado de fallo. Indicó que este proceso se rige por la nueva normativa procesal, la cual establece un límite de tres años, extendido a cuatro en casos complejos.
El jurista sostuvo que, al haberse superado ese período, corresponde declarar la extinción de la acción penal, señalando que la legislación actual no permite justificar retrasos por aplazamientos, recursos o situaciones personales de los imputados. En ese sentido, indicó que varios imputados han planteado o se disponen a plantear incidentes de extinción ante el tribunal.
Lockward explicó que, aunque su recurso inicial fue rechazado por supuesta extemporaneidad, la ley permite que este tipo de solicitudes sean conocidas incluso de oficio por el tribunal, una vez sean planteadas de manera oral en audiencia. Aclaró además que la extinción de la acción penal aplica de manera individual, dependiendo de las condiciones particulares de cada imputado.
En otro orden, el abogado denunció presuntas irregularidades en el proceso, particularmente en relación con un informe de auditoría que sirve de base para la acusación. Afirmó que dicho informe fue elaborado por una supuesta “unidad antifraude” que, según sus alegatos, no existía legalmente al momento de su emisión.
En ese sentido, criticó que dicha estructura habría sido creada mediante decreto presidencial varios años después de emitido el informe, lo que a su juicio constituye una acción irregular que afecta la validez del proceso. Asimismo, aseguró que el documento no fue firmado por la autoridad competente ni notificado conforme a los procedimientos legales establecidos.
Lockward también cuestionó la legalidad del uso del referido informe en el proceso judicial, señalando que incluso la propia Contraloría lo habría calificado como un documento de trámite sin valor probatorio. En consecuencia, indicó que ha planteado su exclusión mediante mecanismos legales, incluyendo la inconstitucionalidad por la vía difusa.
Finalmente, el jurista argumentó que en el proceso se han vulnerado principios fundamentales del debido proceso, como el derecho a la defensa y la contradicción de pruebas, consagrados en la Constitución. Aseguró que corresponderá al tribunal evaluar estos planteamientos en su decisión final, la cual definirá el curso del caso en los próximos días.
Por Daniela Montero
