Nassef Perdomo critica manejo de casos judiciales y cuestiona debate sobre candidaturas independientes
El abogado constitucionalista Nassef Perdomo criticó el manejo de algunos procesos judiciales de alto perfil en la República Dominicana y cuestionó el debate que se desarrolla en torno a las candidaturas independientes, al advertir que en la discusión pública se ha instalado una lógica de rechazo general a la política.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, transmitido por Color Visión. Al referirse a la propuesta de limitar el uso de teléfonos móviles en los centros educativos, Perdomo consideró que se trata de una medida razonable para favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Indicó que, aunque los padres pueden decidir entregar un celular a sus hijos, eso no implica que los alumnos deban utilizarlo durante las clases. “Una persona con celular no solamente se distrae a sí mismo, sino que crea un problema en el aula”, afirmó.
En relación con las candidaturas independientes, el abogado manifestó su desacuerdo con la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, al considerar que amplía de manera excesiva lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en decisiones como el caso Yatama contra Nicaragua. A su juicio, la jurisprudencia internacional establece que los Estados pueden regular las candidaturas independientes dentro de sus sistemas electorales.
Perdomo sostuvo que el debate en torno a este tema probablemente continuará entre el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional, ya que cualquier modificación a la legislación electoral podría ser objeto de acciones de inconstitucionalidad que el alto tribunal tendría que conocer y decidir.
El abogado también expresó preocupación por lo que describió como una tendencia creciente de rechazo hacia la política y los partidos políticos. Según explicó, aunque las organizaciones políticas tienen fallas, siguen siendo espacios donde los liderazgos deben negociar y llegar a acuerdos internos, algo que —según indicó— no ocurre de la misma manera en las candidaturas independientes.
En otro orden, el abogado abordó el proceso judicial que involucra al exministro Gonzalo Castillo, de quien forma parte del equipo de defensa. Perdomo afirmó que, desde su perspectiva, la acusación presentada por el Ministerio Público de la República Dominicana carece de bases probatorias sólidas y se sustenta principalmente en testimonios que, según dijo, no logran demostrar de manera directa los señalamientos contra su defendido.
El jurista explicó que la principal acusación plantea que grandes sumas de dinero habrían sido trasladadas en efectivo hacia la oficina de Castillo. Sin embargo, aseguró que las propias pruebas presentadas en el expediente ubican ese dinero en la oficina de otra persona vinculada al caso y que la supuesta conexión con el exministro se basa en elementos que calificó como insuficientes para sostener una acusación penal.
Asimismo, indicó que en el expediente existen testimonios que contradicen la versión planteada por la acusación, lo que —según sostuvo— debilita la narrativa del Ministerio Público. En ese sentido, criticó que se presenten procesos judiciales complejos sin contar con una estrategia probatoria sólida desde el inicio.
Perdomo durante su participación en la entrevista cuestionó la forma en que se han estructurado varios de los grandes casos de presunta corrupción en el país, señalando que algunos expedientes fueron armados sin una planificación procesal adecuada, lo que posteriormente genera dificultades para cumplir con los plazos establecidos en la legislación penal.
El abogado recordó que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha reiterado en distintas decisiones la importancia de respetar los plazos del proceso penal y ha establecido que las fallas del sistema no pueden ser trasladadas a los imputados.
Finalmente, sostuvo que los jueces tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución y del debido proceso, independientemente de las presiones mediáticas o políticas que puedan surgir en determinados casos. Según afirmó, la función fundamental de los tribunales es proteger las garantías constitucionales de los ciudadanos frente a la actuación del Estado.
Por Leslie Girón.
