Olivo Rodríguez afirma que el colapso de la justicia penal en RD es un problema de cultura no de leyes

Olivo Rodríguez Huertas, licenciado en Derecho, afirmó que el principal problema del sistema de justicia penal en la República Dominicana no radica en la falta de leyes, sino en una deficiencia cultural en la aplicación de las normas por parte de los actores del sistema.

Rodríguez respaldó las recientes afirmaciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, sobre la sobrecarga del sistema penal, señalando que se hace urgente crear un nuevo dinamismo procesal que permita descongestionar los tribunales mediante soluciones alternas a los juicios tradicionales. Sus declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en Hoy Mismo programa decado del amanecer noticioso en República Dominicana.

El especialista explicó que, aunque el país adoptó a partir de 2004 un modelo acusatorio y adversarial inspirado en el sistema estadounidense, el cambio no ha rendido los frutos esperados debido a la resistencia cultural. Indicó que, pese a contar con un marco legal moderno, persiste una práctica excesivamente burocrática que limita la oralidad, la inmediación y la agilidad que establece la Constitución.

En ese sentido, destacó la importancia de los mecanismos alternativos al proceso penal, como la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos abreviados y los criterios de oportunidad, los cuales permiten resolver una gran cantidad de casos sin necesidad de agotar todas las etapas del juicio. A su juicio, estas herramientas han sido subutilizadas, a pesar de estar contempladas en la legislación vigente.

Rodríguez también abordó las reformas al Código Procesal Penal, aclarando que aunque la modificación de 2015 fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, gran parte de sus disposiciones fueron incorporadas posteriormente al código actual, el cual se aplica de manera inmediata bajo el principio de favorabilidad para el imputado.

Respecto al plazo máximo de duración del proceso penal, el jurista sostuvo que la jurisprudencia ha flexibilizado su aplicación, permitiendo que determinados plazos se extiendan según las circunstancias del caso. Afirmó que corresponde a los tribunales definir, caso por caso, cuál normativa resulta más favorable, especialmente en procesos complejos iniciados bajo regímenes legales anteriores.

Finalmente, Rodríguez enfatizó que el colapso del sistema judicial no se debe principalmente a los grandes casos de corrupción, sino a la acumulación de delitos menores y a la multiplicidad de imputados en procesos complejos. En ese sentido, recomendó al Ministerio Público focalizar las investigaciones en los actores esenciales, a fin de garantizar mayor eficiencia, celeridad y respeto a los derechos fundamentales dentro del sistema de justicia penal.

Por Daniela Montero.

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