Abogado Santiago Rodríguez cuestiona uso de testigos premiados y acuerdos del Ministerio Público en caso Antipulpo

Santo Domingo. El abogado Santiago Rodríguez (Chago) cuestionó el uso de testigos premiados y criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público en el proceso judicial conocido como caso Antipulpo, al considerar que se trata de una práctica que genera serias dudas en la ciudadanía y plantea riesgos para la lealtad procesal.

Rodríguez ofreció estas declaraciones este martes durante una entrevista en un programa transmitido por Color Visión, donde explicó que el proceso se encuentra en la fase final de la audiencia preliminar, en la cual la jueza debe decidir si envía o no a los imputados a juicio de fondo y con cuáles elementos probatorios.

El jurista señaló que, para el ciudadano común, resulta contradictorio que personas que devolvieron sumas millonarias de dinero —cinco, seis o siete mil millones de pesos— sean presentadas como simples testigos, sin enfrentar consecuencias penales.

“Para la gente de a pie, si alguien devuelve una suma tan alta de dinero, es porque reconoce que ese dinero no fue ganado de manera lícita. Eso genera una percepción muy fuerte en la sociedad”, sostuvo.

Rodríguez explicó que, en esta etapa del proceso, el tribunal debe analizar qué pruebas son válidas para enviar a juicio, y advirtió que el Ministerio Público está presentando como testigos a personas que, en los hechos, han confesado la comisión de infracciones, lo que —a su juicio— constituye una distorsión del debido proceso.

“Una persona que confiesa haber cometido un delito no puede ser tratada como testigo. Es un imputado. No se le puede exonerar y luego convertirlo en testigo como si nada hubiera ocurrido”, afirmó.

El abogado criticó que el Ministerio Público opte por no someter penalmente a estos confesos infractores, aun cuando la ley contempla mecanismos como el procedimiento penal abreviado, que permitiría sanciones reducidas, pero reales, en lugar de la exclusión total del proceso.

“Lo razonable sería negociar penas, no borrar responsabilidades. Reducir una condena, suspender derechos civiles, imponer consecuencias. Lo que irrita a la sociedad es que alguien devuelva millones y no enfrente ningún tipo de sanción”, expresó.

Rodríguez también señaló que esta práctica se ha vuelto reiterada en distintos procesos, lo que lleva a cuestionar si el Ministerio Público enfrenta dificultades probatorias y recurre a estos acuerdos para sostener sus casos.

Indicó que, aunque estos mecanismos de negociación existen en otros sistemas judiciales, como el estadounidense, en países como Alemania han sido duramente criticados, al punto de ser calificados por algunos autores como “mecanismos de perjurio colectivo”.

En relación con el caso específico de su defendido, José Ramón Peralta, reiteró que la acusación se sustenta esencialmente en la declaración de una persona que ofreció versiones contradictorias en distintos interrogatorios, cambiando fechas, lugares y beneficiarios del dinero supuestamente entregado.

“Desde el punto de vista de la psicología experimental, la versión más confiable suele ser la primera, cuando la memoria está más fresca. Aquí ocurrió lo contrario: se cambió completamente la narrativa”, explicó.

Finalmente, Rodríguez recordó que la audiencia preliminar tiene como función sanear el proceso, y que la jueza deberá determinar si, con las pruebas presentadas, existe una probabilidad real de condena que justifique el envío a juicio de fondo.

Por Leslie Girón.